El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), José María Nogales Herrera, ha reclamado a los poderes públicos una mayor atención a los archivos. Lo ha hecho en el número 277 del Boletín de esta entidad, correspondiente a enero y febrero de 2020. El texto dice así: “La escasa e inadecuada legislación estatal y autonómica en materia de archivo, que en el caso de los archivos municipales se hace aún más deficiente: casi inexistente, situación que, en algunas comunidades autónomas se agrava con la gran obsolescencia de la misma legislación, hace, todo ello, que la situación de los archivos, y en concreto de los archivos municipales, no sea la más deseable posible. No obstante, los archivos están ligados a la existencia misma de la actividad de gobierno, de administración y de prestación de servicio que, por lo general tienen todos los entes políticos en los que están integrados. Los archivos son la base indiscutible de la fe pública, y, desde luego, la organización en que se sustenta la defensa de los derechos de la ciudadanía y de las administraciones llamadas a servirla. En los archivos estriba la esencia de las comunidades de población, su historia, su desarrollo social y económico. Ellos, los archivos, son el testimonio de cuanto nuestras poblaciones han sido, de cuanto nuestras autoridades han resuelto, del devenir de las gentes. Si una población puede vanagloriarse de la importancia de sus tradiciones, de sus monumentos, aunque sean ruinas del pasado, mucho más deberá poner en valor el acervo documental de sus archivos, que en sus metros, o kilómetros de estantería, conservan el testimonio de toda la administración y sus avatares”.
“El documento, sea cual sea la materia de la que trata, la personalidad jurídica que lo genera, el soporte sobre el que se plasma o el entorno en que se crea, nace como una necesidad de la administración y de las personas objeto de la misma, y desde ese preciso instante requiere toda la atención de la propia administración. Este apoyo a los archivos se debe hacer patente en la dotación de medios humanos, materiales, técnicos y organizativos suficientes para el desempeño de las funciones que le son propias de recepción, custodia, conservación, descripción, tratamiento, servicio y difusión de la documentación propia de la administración a la que sirve. Locales e instalaciones dignas y suficientes, personal bastante y convenientemente cualificado, medios adecuados al volumen de documentación y una organización coherente con la propia administración a la que pertenece el archivo. La adscripción orgánica y funcional no puede ser caprichosa, si no conforme a la estructura política en la que se incardina.
El Real Decreto 128/2018 por el que se fija el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional, en el que se establece que corresponde a las Secretarías Municipales la superior Jefatura del Archivo Municipal, debe conllevar la verdadera implicación en positivo de sus titulares en estrecha colaboración con quienes asumen la dirección y los trabajos técnicos del archivo.
La aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como la correcta aplicación de los Esquemas Nacional de Seguridad y Nacional de Interoperabilidad, y cuantos preceptos de ellos dimanan hacen preciso que el archivo se encuentre incardinado desde el principio en todas las fases de la administración en el entorno electrónico.
No obstante todo lo cual, en ocasiones vemos con tristeza cómo la mal entendida organización de los recursos, incluso el capricho, hacen que muchas veces se desmantelen servicios, se deshabiliten plazas profesionales, o se pospongan la solución a los problemas inherentes al desarrollo de la archivística en las administraciones.
Por todo lo cual, Archiveras y Archiveros, y cuantas personas nos relacionamos profesionalmente en la gestión documental, reclamamos de las administraciones públicas y sus responsables la debida atención a los Archivos, a sus profesionales, a la dotación de medios, y a cuanto puede ayudar al correcto desarrollo de nuestra tarea profesional al servicio de la administración y de la ciudadanía”.