“La justicia franquista: Los Consejos Sumarísimos de Urgencia de 1937 en la provincia de Cádiz”. Este es el título del proyecto de investigación y edición de sus resultados en un libro que presenta el Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” de la CGT-A a la convocatoria de la Junta de Andalucía sobre memoria histórica. Es la primera vez que este grupo (constituido en 1998) presenta una iniciativa a este proceso competitivo dentro del movimiento memorialista y tras realizarse, por los actuales responsables de la “nueva“ Dirección General de Memoria Democrática, cambios importantes y necesarios en la orden de convocatoria (Boja, nº 184, 19/9/2012). En un comunicado difundido el 19 de octubre de 2012, el coordinador de dicho grupo de trabajo, Cecilio Gordillo, expresó: “La subvención solicitada es de 7.500 € y en ella nos comprometemos (como en otras iniciativas llevadas a cabo en los últimos doce años) a enviar, gratuitamente, un ejemplar de libro a todas las Bibliotecas y archivos públicos de la provincia de Cádiz, así como que un año y medio después de su edición se suba (en formato PDF) a diferentes páginas web de carácter memorialista.
Si no se presenta ningún tipo de problema, RMHSA de CGT.A se compromete a que este trabajo esté en las librerías en otoño de 2013.
En la memoria que justifica la realización de este proyecto se manifiesta que; ”La represión de los golpistas de julio de 1936 fue controlada en todo momento por los jefes de las unidades militares que se sublevaron. Mediante las Delegaciones Orden Público, ocupadas por militares, y la estructura judicial militar preexistente. Entre julio y diciembre de 1936 y comienzos de 1937 fue la aplicación de los diferentes bandos de guerra que emitieron el principal instrumento utilizado para la eliminación de los considerados adversarios en razón de su ideología, militancia sindical y política, ocupar cargos en la administración republicana, considerarse que habían participado en la resistencia al golpe o, sin más motivo, que ser considerados peligrosos para la sublevación.
Sin embargo eso no significa que dejara de utilizarse la estructura judicial militar. Sobre todo para aplicar ejemplarizantes castigos. Así fueron muchas las diligencias previas y causas abiertas a resistentes, militares, autoridades civiles y dirigentes sindicales y políticos. Muchos de ellos terminaron ante un pelotón de fusilamiento o fueron condenados de penas de prisión. En el caso de la provincia de Cádiz ocurrió así.
A medida de que fueron conscientes de que el golpe había fracasado y se abría una fase de confrontación bélica (lo que conocemos habitualmente como “la Guerra Civil”) la preocupación por articular administrativamente las zonas ocupadas y legitimarse como “estado” aumentó. En vísperas de la que se suponía iba a ser inminente ocupación de Madrid, la capital de la nación, se dictaron unas normas para crear una serie de consejos de guerra que, mediantes Procedimientos Sumarísimos de Urgencia, iba a encargarse de la tarea de limpieza de los enemigos. Sin embargo no fue así. Madrid resistió. De todas formas en los meses siguientes la Junta Técnica del Estado, el germen de la administración golpista, decidió aplicar ese esquema en todas las zonas ocupadas y cerrar la fase de aplicación directa de los bandos de guerra. Así, desde enero de 1937, se fueron emitiendo instrucciones para que se pusiera en marcha ese procedimiento. A comienzos de marzo se comenzaron a celebrar esos consejos de guerra.
En Cádiz los primeros se celebraron el 8 de marzo de 1937 y, a lo largo del año fueron hasta 456 los que se vieron y ante los que comparecieron más de 1.200 personas pertenecientes a todas clases sociales, grupos políticos y sindicales, considerados resistentes o simplemente enemigos que había que eliminar o neutralizar.
La investigación en el archivo histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla ha permitido contar con 446 de ellos. Una muestra lo suficientemente amplia para, por primera vez, analizar en todas sus vertientes la puesta en marcha de lo que solemos denominar como “justicia al revés”. Un proceso significativo por ser la provincia gaditana una de las que primero cayeron en manos de los golpistas y en donde es posible estudiar la represión en toda su extensión y modalidades. De forma que de su exhaustivo estudio podemos extraer conclusiones aplicables a las restantes zonas ocupadas, no solo andaluzas sino también del resto del país. Algo que supone un avance cualitativo en los estudios históricos del franquismo. Pero también se ha trabajado, asimismo, en otros archivos andaluces, específicos de Cádiz, e incluso en otras capitales de España (Madrid, Segovia, Salamanca…)”.