Punto de Vista Editores acaba de publicar el libro La Iglesia rebelde, de Francisco Martínez Hoyos. Sobre este volumen, dice la editorial: “Esta obra incide en una idea: la religión sirve para legitimar el poder pero también ayuda a la lucha subversiva.Francisco Martínez Hoyos propone un recorrido por la historia de los católicos progresistas españoles a partir de 1812, cuando sacerdotes de la talla de Diego Muñoz Torrero defendieron la Constitución de Cádiz. Los creyentes más contestatarios buscaron entonces la manera de armonizar fe y liberalismo, como en el siglo XX se intentaría hacer compatible fe y marxismo. El estudio presta especial atención al periodo de la dictadura franquista, en el que los militantes de diversos grupos confesionales se implicaron decisivamente en la oposición al régimen”
El comienzo del segundo capítulo de esta obra dice así: “En agosto de 1939, el día de su cuarenta y cuatro cumpleaños, el canónigo José Manuel Gallegos Rocafull llega a Nueva York en medio de la mayor de las incertidumbres. No sabe qué va hacer ni cómo va a ganarse la vida. Pero lo peor es el estado de ánimo de un hombre herido por el trauma de la Guerra Civil, víctima de una Iglesia que le rechaza por no haber secundado la rebelión militar de Franco. Su único consuelo es pensar que su cruz, como la de Cristo, no sea un sacrificio inútil. Porque, pese a todos los sinsabores, pese a que el obispo le ha retirado las licencias sacerdotales, acusándole falsamente de defender la “revolución roja marxista”, ni mucho menos ha perdido la fe. ¿Revolucionario? ¿Por defender el poder legítimamente constituido de la República? La imputación le produce un regusto amargo”.
“Dos meses después lo encontramos establecido en México D.F. El mismo país al que va a parar Luis López-Dóriga, otro cura que se ha mantenido fiel a la legalidad durante la contienda española. En una instancia dirigida a las autoridades mexicanas, el que fuera deán de Granada manifiesta su “ferviente sentido antifascista”. Precisamente por estas convicciones había abandonado el ministerio religioso, pero aún conservaba los principios cristianos. Que constituían, en su opinión, el fundamento de una democracia auténtica.
La Guerra Civil, apuntó el sociólogo Rogeli Duocastella, supuso dentro de la Iglesia española una línea divisoria más profunda aún que la marcada años más tarde por el Concilio Vaticano II. Para los católicos más tradicionales, la proclamación de la Segunda República equivalía a una catástrofe. República, en su imaginario, significaba persecución contra la Iglesia. Los católicos no podían, por tanto, aceptar el nuevo régimen. De ese parecer era, por ejemplo, el jesuita Ángel Ayala: “Un católico en los cuernos de la luna podría ser republicano, pero aquí y ahora”. Dicho de otra manera: fe y republicanismo podían casar como principios abstractos, lo que se cuestiona es que resulten compatibles en las circunstancias concretas de la España de 1931, en la que República y anticlericalismo van de la mano.
Sin embargo, otro sector de la Iglesia, más pragmático, aceptó el nuevo orden constituido. Por ejemplo, la derecha representada por El Debate. Este famoso diario católico y conservador, a partir de la doctrina del papa León XIII, optó por acatar el gobierno “de hecho” que se había establecido en España. A su juicio del periódico, no solamente era lícito, sino exigible, que un creyente respaldara a la naciente República. Con un apoyo activo, no pasivo, ya que estaban en juego la paz y el orden del país. Porque el gobierno republicano, aunque republicano, era gobierno. Constituía, por tanto, un freno contra la anarquía. Otra cosa es que se dude de su legitimidad jurídica, que obedecería a una situación “de hecho” pero no “de derecho”, aunque El Debate, por prudencia, se abstiene de valorar este aspecto.
La mayoría de los católicos se decantó por esta aceptación del status quo, aunque sin renunciar a cambiar, desde dentro del sistema, la legislación que se interpretara como hostil a la Iglesia. El Vaticano amparó esta línea de pragmatismo, de cara a pacificar los ánimos y garantizar el mantenimiento del orden. El nuncio Tedeschini actuó en este sentido al solicitar a los obispos que se pronunciaran en favor del respeto a los “poderes constituidos”.
Poco después, la quema de conventos vino a confirmar los más negros augurios de persecuciones. Pero… ¿cómo interpretar los hechos? Frente a la pasividad generalizada, resalta aún más un caso, en Madrid, en el que la intervención popular evitó los desmanes anticlericales. El jesuita Ayala nos ofrece la siguiente crónica de lo sucedido:
“Para que las madres quedaran libres en sus ocupaciones se fundó una Casa-Cuna para 32 niños a los que se atendía desde las ocho de la mañana; se sostenía una institución de la Gota de Leche, que repartía cien biberones diariamente. El 11 de mayo de 1931 no ardió el edificio, porque las mujeres de la barriada, con sus hijos en brazos, estuvieron rodeándolo hasta las doce de la noche”.
Los republicanos, mientras tanto, consideraban que, si se quería modernizar el país, resultaba esencial limitar el poder de la Iglesia. Ésta, a juicio de la izquierda, constituía el gran obstáculo que impedía homologar España con el resto de Europa. Por tanto, había que separarla del Estado, alejarla de los centros educativos y limitar su poder económico. En la práctica, las medidas anticlericales, aplicadas con excesivo extremismo, produjeron el efecto contraproducente de enajenar a las masas católicas para la causa de la República. Así, las nuevas autoridades dificultaron las ceremonias públicas, o prohibieron a los funcionarios intervenir en la liturgia, a la vez que se eliminaban del callejero las referencias religiosas. Cierto que se necesitaban determinadas decisiones para afianzar la supremacía del poder civil, pero faltó diplomacia y sentido de las prioridades en la actuación de las fuerzas progresistas.
El hispanista Nigel Townson tiene razón cuando señala que se quiso ir demasiado rápido. De 1931 a 1933, los republicanos intentaron alcanzar una separación entre la Iglesia y el Estado que en Francia se había efectuado en veintiséis años, en un contexto de estabilidad constitucional que aquí brillaba por su ausencia. Por otra parte, los políticos franceses dieron muestras de un pragmatismo que contrastaba con la inflexibilidad de sus homólogos peninsulares. Si al otro lado de los Pirineos se habían permitido los colegios religiosos, en España se prohibieron sin contar con que el Estado carecía de recursos suficientes para organizar la enseñanza pública por su cuenta.
Al subestimar la fuerza de los católicos, el gobierno no supo prever que pronto tendría en frente una amplia movilización, no sólo en defensa de la institución eclesiástica, también a favor de la derecha política. Se explica así la victoria electoral de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) en 1933, apenas dos años después de constituía de la República, lo que venía de dejar en ridículo la imprudente afirmación de Azaña acerca de un país que supuestamente había dejado de ser católico.
Es más, en determinados casos, el laicado católico se convirtió en una especie de ejército con el que hostilizar a la temida y odiada izquierda. Algunos años después, concluida la Guerra Civil, el jesuita Ángel Ayala, ya citado, proporcionará un expresivo ejemplo de esta utilización de las bases de la Iglesia con fines políticos. Cuando algunos denigraban a los Luíses, como popularmente se conocía a los miembros de la Congregación de San Luís Gonzaga, tachándoles de “niños devotos e inútiles”, Ayala recordaba que en tiempos de la República, cuando los socialistas declaraban una huelga, habían sido ellos quienes conducían los tranvías, barrían las plazas, servían de enlaces a las autoridades o vendían por las calles El Debate. Y, mientras tanto, defendían los conventos contra los revolucionarios. Sin vacilar en empuñar armas, da a entender Ayala al escribir que no eran precisamente novelas lo que llevaban en las manos.
En la Universidad, mientras tanto, tres cuartos de lo mismo. Ya en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, si la progresista Federación Universitaria Española (FUE) organizaba una huelga, a los católicos les tocaba el poco lucido papel de esquiroles. Se producían entonces refriegas y abundaban las tortas, tanto que se cuenta que un día, al salir de misa, un miembro de los Luíses le comentó a uno de sus compañeros que mejor llevar un braguero protector, porque en cualquier pelea uno podía salir malparado. El otro, sin el menor asomo de ironía, rechazó la precaución porque hubiera implicado “una falta de confianza en Dios”. La historia puede parecer una simple anécdota, pero refleja la mentalidad providencialista de ciertos ambientes”.