La Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX”, que dirige la profesora Mirta Núñez Díaz-Balart, ha hecho público el Manifiesto titulado “El Acceso a los Archivos y la Memoria Histórica del siglo XX”, que el martes 6 de mayo de 2014 se presentó, de forma pública, en el Seminario “Victoria y Venganza” que tuvo lugar en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de un documento elaborado por el Grupo de Trabajo de Archivos del Consejo Ejecutivo de la CCMHSXX. Este Manifiesto está “abierto a sugerencias y aportaciones con el que pretendemos, por un lado, abrir un debate público lo más amplio posible al respecto, y, por otro lado, sentar las bases de la redacción de un futuro Libro Blanco sobre el Acceso a los Archivos y la Memoria Histórica del siglo XX”, según expresó la Cátedra.
MANIFIESTO
El Acceso a los Archivos y la Memoria Histórica del siglo XX
El acceso sin trabas a los archivos es condición básica para la investigación histórica y para garantizar los derechos de la ciudadanía a conocer su pasado y a la información y la transparencia en la gestión pública, tal como establecen las leyes y la Constitución vigentes.
Sin embargo, estos derechos no siempre están asegurados. Para los ciudadanos y los estudiosos de la historia y la memoria democrática, antifascista y social de la España del siglo XX, el pleno acceso y sin restricciones a los archivos es una cuestión pendiente, especialmente si se refieren a los periodos de la II República, Guerra Civil, el Franquismo y la Transición. Lo cual, además, ha frustrado la posibilidad de atender el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación que demanda el Derecho Internacional Humanitario para las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo.
Creemos que el principal obstáculo en el acceso a los archivos estriba en la ausencia de una normativa legal adecuada y de una política archivística coherente que proteja, ordene y difunda ese patrimonio cultural común de modo abierto y eficaz. Algo que vienen exigiendo reiteradamente en las últimas décadas investigadores, archiveros y demás profesionales relacionados con la documentación.
Aunque, en general, ha mejorado la gestión de los archivos españoles en los últimos tiempos, la CCMHSXX percibe con preocupación cómo se dan demasiados casos y situaciones impropias, casi indignas, de una sociedad democrática, y que tienen como resultado la erosión de derechos básicos de investigadores y de ciudadanos, tal como se establece en los artículos 10 y 105.b de la Constitución española y en la normativa internacional sobre Derechos Humanos, que los gobiernos españoles supuestamente asumen desde que se firmara en 1979 el “Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales”.
FONDOS VETADOS O SIN CATALOGAR
En este sentido, es de lamentar que a estas alturas aún existan importantes depósitos documentales vetados a la consulta, a veces sin justificación aparente, como lo están buena parte de los fondos de las instituciones militares, de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Archivo Central de la Dirección de la Guardia Civil, el Archivo del Servicio Central de Documentación (SECED, 1972-1977) o del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID, antiguo CNI), entre otros. Que muchos fondos se encuentren pendientes de descripción durante largos años (como ocurre con los abundantes stocks llegados en los últimos tiempos al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, donde carecen incluso de espacio para su depósito); por no hablar de la documentación vendida ilegalmente o destruida –deliberadamente o no– desde el verano de 1936 hasta bien avanzada la transición postfranquista, como por ejemplo la de algunos Gobiernos Civiles o de las dependencias del extinto Movimiento Nacional.
DOCUMENTACIÓN EN MANOS INDEBIDAS
Más grave nos parece que otros documentos se hallen en manos de personas o de instituciones particulares de modo indebido. Hablamos de individuos que han ocupado altos cargos en el Estado y se apropian de la documentación administrativa al abandonarlos. Es el caso del anterior Jefe del Estado, cuyos papeles se hallan en poder de la fundación que lleva su nombre, o de las de autoridades cuya documentación se encuentra en cierta universidad privada confesional (como Antonio Garrigues, Herrero Tejedor, López Rodó, Lora Tamayo y Marcelino Oreja, entre otros). Así mismo se ha denunciado que las familias de Carrero Blanco, Arias Navarro, Leopoldo Calvo Sotelo y Serrano Suñer, entre otras, disponen de fondos documentales generados por aquellos en el ejercicio de su cargo. En aplicación de la Ley de Patrimonio de 1985, que deja bien claro el carácter público de esos fondos, el Estado debería ejercer las acciones legales necesarias para su recuperación, cosa que solo ha hecho en una ocasión (el archivo del general Yagüe) y de forma parcial.
UNA NORMATIVA LEGAL FARRAGOSA Y OBSTACULIZADORA
Esta lamentable situación se ve agravada por una farragosa normativa legal, no siempre precisa y concordante, y que a veces va mucho más allá del artículo 57.c de la Ley del Patrimonio Histórico Español –Ley 16/1985– a la hora de poner limitaciones a la consulta de documentos.
Nos referimos a las leyes de Patrimonio Histórico (estatal y autonómicas), la Ley sobre Secretos Oficiales de 1968 – como normativa anti y pre-Constitucional todavía vigente– la llamada Ley de “Memoria Histórica” –Ley 52/12007– la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno –Ley 19/2013– o la propia Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de 1999, junto a las normativas sobre consulta de registros civiles, archivos militares y eclesiásticos, etc.. Todas juntas forman un abigarrado conjunto regulador no siempre inequívoco y de fácil aplicación. En caso de duda suele primarse el derecho a la seguridad del Estado y a la intimidad y el honor de las personas sobre el derecho a la investigación y al conocimiento y difusión del conocimiento histórico. En este sentido, viene a ser un sarcasmo que la reciente Ley de Transparencia, aunque hable de “publicidad activa”, amplíe las limitaciones de acceso a la documentación mucho más allá que la vieja ley de secretos franquista, añadiendo a las materias de seguridad y defensa nacional un largo etcétera en la que se incluyen las relaciones exteriores, los intereses económicos y comerciales, la política y monetaria y la protección del medio ambiente (?), entre otros. Y se da el caso de Comunidades autónomas, como la de Castilla y León, que imponen periodos de carencia de acceso a la documentación de 50 y 100 años tras el fallecimiento de las personas. Resulta muy difícil, si no imposible, una investigación adecuada en estas condiciones.
AUSENCIA DE POLÍTICA ARCHIVÍSTICA
El actual Ejecutivo, como los anteriores, ha mostrado una total despreocupación por este tipo de asuntos, a la vez que ha dejado en suspenso los escasos avances de la Ley de Memoria Histórica. Y, por si fuera poco, desde 2012 ha tomado medidas arbitrarias y erráticas en materia archivística, como el traslado del Archivo Central del Ministerio de Asuntos Exteriores al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración –en este último caso, quedando pendiente sine die el acceso a esos fondos por falta de descripción– o el veto a la desclasificación de 10.000 documentos militares del periodo 1936-1968, lo cual se hace echando mano de la ley de secretos oficiales de 1968 y sin dar justificación alguna. ¿Retroceso democrático?
REITERADAS DENUNCIAS DEL PROBLEMA
Ante esta situación, que muestra la degradación paulatina de un conjunto de derechos políticos, económicos y sociales, no han sido pocas las críticas, quejas y denuncias de distinta procedencia. En 2006 Amnistía Internacional publicó un informe con el significativo título de Víctimas de la Guerra civil y del régimen franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la verdad. Ese mismo año era el propio Ministerio de la Presidencia el que reconocía que la situación de los archivos españoles era “muy distante de lo que sería deseable” y hacía recomendaciones –respaldadas por las Cortes y el Defensor del pueblo– para que se ordenaran, describieran e hicieran accesibles los mismos. Recomendaciones que, huelga decir, se han ignorado plenamente.
Estos y otros ejemplos nos hablan, en suma, de la vigencia del llamado “modelo español de impunidad”, que fuera denunciado hace ya una década en el Informe Nizkor (La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas). Un texto que recalcaba cómo todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad deben tener reconocido el derecho a saber, siendo el caso notorio de las víctimas de la Guerra civil y del franquismo. El informe recordó también los Principios 13, 15 y 16 relativos al acceso a los archivos y que fueron recogidos en el “Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos” elaborado por el Sr. L. Joinet.
COMPROMISOS DE LA CCMHSXX EN ESTE ÁMBITO
Consciente de la gravedad de esta situación, la Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX” anuncia su firme compromiso de trabajar para lograr un amplio consenso ciudadano e investigador, que obligue a los poderes legislativos y gubernativos a garantizar el acceso a los archivos y los derechos ciudadanos con él relacionados. En este sentido, la CCMHSXX va a desarrollar cuantas medidas de presión estén a su alcance, de cara a que se adopten las decisiones necesarias y se articule una política archivística global que dé una respuesta amplia y eficaz a las necesidades de los archivos españoles en este siglo XXI.
En concreto, esta cuestión podría abordarse en torno a tres tareas sucesivas: primero, la recopilación de opiniones e información sobre la praxis cotidiana de investigadores, ciudadanos, archiveros y asociaciones memorialistas, que nos permita esbozar un estado de la cuestión en forma de Libro Blanco sobre los archivos y la documentación de la II República, la Guerra civil, el Franquismo y la Transición (lo que se haría partiendo de la información requerida en el Cuestionario que se adjunta); en segundo lugar, se trataría de sintetizar la información recibida, así como de articular las propuestas legales, técnicas o de otro tipo que permitan superar la problemática de los archivos (para lo cual también tendríamos en cuenta los principios y de prácticas propuestas por la UNESCO, el Consejo Internacional de Archivos o Amnistía Internacional). Finalmente, se trataría de dar al resultado conseguido la proyección ciudadana y política que el caso requiere. Los anteriores ejes constituyen las bases de la apuesta central de la CCMHSXX en su actual etapa: la elaboración de un Libro Blanco sobre el acceso a los archivos y la Memoria Histórica.
Somos conscientes de que la envergadura de esta tarea desborda nuestras posibilidades, por grande que sea nuestro empeño en ella, y exige una colaboración amplia entre investigadores, archiveros, asociaciones memorialistas y, desde luego, ciudadanos en general. De ningún modo nuestro actual modelo democrático puede resentir la inercia de un tiempo de silencio y de olvido hemipléjico, ni tolerar vetos ordenancistas y trasnochados que dificultan el acceso a un patrimonio histórico documental que debe ser un valor cultural al alcance de todos. A todos, pues, pedimos esa colaboración.
Madrid, mayo de 2014.